La seguridad alimentaria constituye un objetivo fundamental para el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe (ALC), en definitiva, poder asegurar que todas las personas dispongan en todo momento de alimentos suficientes, nutritivos e inocuos.
Chile, aunque tiene una incidencia de inseguridad alimentaria considerablemente menor a la de ALC (17,6% en 2023), durante la última década ha aumentado de forma significativa, afectando actualmente a más de tres millones de personas.
Vulnerabilidades del sector agropecuario en Chile
Las y los agricultores familiares campesinos e indígenas (AFCI) representan el 73% de las unidades productivas agrícolas del país y, sin embargo, el 79% de ellos pertenece al 50% de menores ingresos del país. Esta composición genera desafíos relevantes para impulsar la productividad del sector, entre ellos superar la lenta adopción de tecnologías y generar prácticas más eficientes, así como mayores oportunidades para acceder a financiamiento.
A esto se suman los riesgos agroclimáticos, como la sequía, las heladas, los incendios forestales, las precipitaciones intensas y las inundaciones, que afectan cada vez más la disponibilidad y estabilidad del acceso a alimentos. La emergencia agrícola declarada tras los más de 200 incendios ocurridos entre enero y marzo de 2023, junto con la emergencia derivada del sistema frontal de junio de ese mismo año, implicaron la reasignación de alrededor de US$30 millones para la recuperación del sector agrícola.
Entre los productores agrícolas afectados por los incendios, el 64% pertenecía a la agricultura familiar, y el 45% eran mujeres. La capacidad de recuperación de la agricultura familiar frente a estos eventos depende en gran medida de su acceso a recursos financieros, tecnologías y conocimientos para el manejo sostenible de los recursos naturales.
Asimismo, el aumento de las temperaturas y el mayor intercambio comercial de productos agrícolas incrementan el riesgo de introducción y propagación de plagas y enfermedades. Esto constituye un desafío para mantener el estatus zoo-fitosanitario nacional y asegurar la disponibilidad y estabilidad de alimentos seguros.
Enfoque multidimensional
Para enfrentar estos desafíos y proteger la seguridad alimentaria, es necesario adoptar un enfoque multidimensional, que involucre a diversos actores y aproveche la valiosa experiencia acumulada en la región.
Por este motivo estamos trabajando colaborativamente para fortalecer los servicios públicos agropecuarios con el fin de mejorar la seguridad alimentaria en el país. Contribuyendo a:
Incrementar la productividad y resiliencia de la agricultura familiar e indígena mediante la modernización de los servicios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Esto incluye la elaboración de planes de desarrollo agropecuario sostenible para los beneficiarios, la modernización del modelo de extensión (difusión de información y conocimiento a los agricultores) con herramientas digitales, y un sistema de evaluación y monitoreo de programas.
Ampliar la capacidad de protección del patrimonio zoo-fitosanitario del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entidad responsable de la sanidad animal y vegetal en el país. Esto considera la incorporación de nuevas tecnologías y mejores procedimientos para fortalecer la prevención y control de plagas y enfermedades. Una acción clave es la creación de una unidad de inteligencia fitozoosanitaria para establecer un sistema de alerta temprana ante emergencias.
Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en el sector agropecuario, mediante la consolidación del marco normativo, la elaboración de instrumentos de política para una gestión eficaz de estos riesgos, la implementación de un sistema de información que apoye la toma de decisiones, y la ampliación de la cobertura de la Red Agro-Meteorológica Nacional (RAN).
